El derecho a la educación en la primera infancia

A principios de septiembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Reingreso Educativo, el cual apuesta por la reinserción escolar para niñas, niños y adolescentes que hayan desertado del sistema educacional. Aunque estamos en pleno 2021, todavía hay familias que no pueden apostar por la educación de sus hijas e hijos, una decisión cuyo fondo es multifactorial y que no se limita a la buena voluntad de los padres y madres. Las cifras alarman: desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020, el número de desertadas y desertados ascendió a los 180 mil, de entre 5 a los 21 años. Si bien este universo en su totalidad es afectado en múltiples dimensiones por este fenómeno, son las y los que viven la primera infancia las y los más afectados.

Para entender sus implicancias se debe comprender qué es la primera infancia. Se denomina primera infancia la etapa vital que se inicia en el nacimiento y termina a los ocho años de edad. Aunque los seres humanos estamos en constante desarrollo y aprendizaje, lo cierto es que dicho período particularmente importante: en él el cerebro se desarrolla de forma acelerada, recibiendo gran influencia de sus contextos. Cuando se concreta el ingreso a un establecimiento educacional, alumnas y alumnos desarrollan habilidades relativas a la lectoescritura y aritmética, conocimientos básicos que constituyen la base del aprendizaje académico.

El ser parte de un jardín infantil y/o un colegio, no solo trae beneficios intelectuales, el vivir esta etapa en una comunidad constituida por pares y guías propicia la cohesión social y el desarrollo de habilidades blandas como la empatía, cuya importancia ha quedado en evidencia en los últimos años.

La Defensoría de la Niñez es una institución estatal y autónoma de otras entidades del Estado, la cual tiene como finalidad difundir, promover y proteger los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes que habiten el territorio nacional. Si la educación, según lo que establece la Unesco es un derecho humano fundamental, resulta inconcebible la cifra expuesta anteriormente. "Gobernar es educar", decía el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, hoy, casi 100 años más tarde, podemos atestiguar que los países realmente desarrollados son los que han invertido en lo que se denomina "capital humano" y que, explicado de forma simple, se traduce en mayor gasto en educación.

Resulta trascendental que el proyecto al que se le dio luz verde en la Cámara de Diputados sea aprobado en el Senado. Es imperante, no solo porque es un derecho, sino porque también supone un bien comunitario, el que niñas, niños y adolescente puedan ser reinsertos en establecimientos y completar su escolaridad.

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